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Posicionamiento del grupo parlamentario de morena ante el anuncio del poder ejecutivo del “veto” de la ley de identidad de género
El Grupo Parlamentario de Morena en la LXI Legislatura reitera que las reformas al Código Civil del Estado, conocidas públicamente como Ley de Identidad de Género, surgieron a partir de una exigencia histórica de integrantes de la sociedad civil queretana para que el marco jurídico local reconociera derechos ya establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de libre desarrollo de la personalidad. Así también, el dictamen aprobado fue resultado de la acumulación de otra iniciativa presentada, en el mismo sentido, por la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro.
El máximo tribunal del país, ya ha reconocido el derecho de las personas a modificar su identidad de género y adecuar sus documentos oficiales conforme a su realidad jurídica y social, mediante un procedimiento administrativo y no a través de un juicio. veto de ley veto de ley veto de ley veto de ley veto de ley veto de ley veto de ley veto de ley
Desde el análisis realizado en comisiones legislativas, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Morena señalaron la necesidad de otorgar certeza jurídica a una realidad social existente en Querétaro, donde personas trans llevan a cabo actos civiles, familiares, patrimoniales y administrativos que requieren plena identificación legal y trazabilidad. De no tener el trámite aprobado en la reforma, se sigue poniendo en riesgo derechos y obligaciones de la ciudadanía en general, independientemente que no sean las personas que han decidido cambiar de género.
En concreto, si no existe el mecanismo aprobado en la reforma “vetada”: ¿Cómo podremos identificar quién fue y quién es ahora una persona que cambio su apariencia física a la de un género distinto o inclusive que para tal efecto se haya sometido a una intervención quirúrgica? Es precisamente la ausencia de un trámite que reconozca esto en la ley, lo que pone en franco riesgo que alguien pueda eludir sus obligaciones con respecto a terceros, incluso con respecto a menores con quien tiene deber de dar alimentos.
Por eso, la reforma establece mecanismos claros para la expedición de una nueva acta de nacimiento, sin eliminar el registro original, tal como lo han determinado los criterios de la Corte en sus resoluciones.
En el Grupo Parlamentario de Morena fuimos enfáticos, durante la discusión legislativa en comisiones para que se estableciera expresamente, sin lugar a interpretación, que este derecho NO podrá ser ejercido por menores de edad. Dicha prohibición quedó categoricamente asentada en el artículo 131 Ter, fracción II, donde se señala como requisito indispensable ser mayor de edad para realizar el trámite correspondiente. Por lo anterior, resulta extraño y tendencioso, insistir en que esta reforma pudiera resultar en perjuicio de niños, niñas y adolecentes. La letra del texto no deja lugar a duda, los menores NO pueden hacer el trámite, punto.
En este contexto, lamentamos que el “veto” realizado por el Gobernador haya calificado la reforma como autoría de grupos radicales, cuando ésta es producto de un trabajo legislativo en comisiones donde se realizaron foros y se escucharon opiniones de expertos y especialistas en diversa materias relativas al texto y fondo de la reforma, observando cabalmente el procedimiento establecido en la ley y abierto al debate ciudadano. Es importante señalar, que para el proceso de su aprobación, la iniciativa hoy “vetada” contó con voto de 5 de los 6 partidos políticos, incluido el PAN.
El debate público debe darse con responsabilidad jurídica y sin descalificaciones ideológicas hacia quienes por más de una década han impulsado esta lucha social y legal. Catalogar de “radical” todo aquello que incomode a los grupos de poder y su forma de pensar, se ha convertido en muletilla de quienes son incapaces de observar que se respeten los derechos fundamentales de todas las personas, que no quieren reconocer los cambios en una sociedad que se expresa y lo seguira haciendo, con reforma o sin ella, exigiendo los derechos que ya le reconoció el máximo tribunal constitucional del país, aquél previo a la reforma judicial, a cuyos integrantes quizá también les quieran llamar “radicales de izquierda”.
Tergiversar y retorcer el espíritu de las reformas aprobadas legalmente y legitimamente, que resultan incómodas a algunos, nunca será la vía para generar diálogo y construir puentes que tanto necesita Querétaro. De nuestra parte la apertura al diálogo, pero sin insultos, sin etiquetas y anteponiendo antes que nada los derechos fundamentales de TODAS las personas y los principios establecidos en la constitución que juramos guardar y hacer guardar.
