Amarga navidad para la reforma judicial

Una jueza concedió el amparo y protección de la justicia federal a varias autoridades judiciales que promovieron el juicio; la autoridad judicial, en plenitud de jurisdicción, declaró la existencia de vicios en el procedimiento de la reforma judicial de López Obrador, que provocan la nulidad de todos los actos subsecuentes; razón fundamental de la concesión del amparo.

Gabriela Ruiz Márquez, titular del juzgado sexto de distrito en materia administrativa, con sede en Zapopan, Jalisco, dictó sentencia definitiva, habiendo otorgado el primer amparo en contra la reforma judicial que promoviera el expresidente López Obrador. La jueza decretó la nulidad del proceso de reforma, consecuentemente de todos los demás actos derivados, como la promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Los legisladores federales, tanto diputados como senadores, deben entender claramente que la jueza no declaró inconstitucionalidad de la norma reformatoria de la Constitución; respetó la esencia. Sin embargo, la autoridad judicial de amparo argumentó y fundamentó su decisión en la serie de graves irregularidades cometidas durante el proceso legislativo reformador. Gabriela Ruíz Márquez, jueza que dictó la sentencia, determinó que hubo un «efecto corruptor» en esencia.

En la sentencia de amparo se describe que el procedimiento legislativo estuvo marcado por un ambiente de ataques sistemáticos del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial, financiados con recursos públicos y difundidos a través de canales oficiales de comunicación. Obviamente con las pruebas aportadas por los quejosos.

También argumentó en la sentencia la jueza de distrito que: «Esto provocó un condicionamiento de la percepción de los legisladores, lo que vulnera el respeto a las minorías y afecta la validez del procedimiento legislativo». La jueza Gabriela Ruíz también refirió en los argumentos de su resolución, que el órgano reformador -Diputados y senadores- no logró justificar cómo la reforma perseguía una «finalidad legítima»; además, estimó que la exposición de motivos y el «contenido de la reforma carecen de argumentos sólidos y de justificación legal», además de ser contrarios a los principios democráticos fundamentales de la Constitución.

La jueza Ruiz Márquez también argumentó en su sentencia de amparo que la «reforma judicial desbordó las competencias del órgano reformador al intentar modificar elementos esenciales de la Constitución, como la división de poderes y la independencia judicial» ¿Acaso no fue cierto?

Por lo cual, señala en el contenido del amparo, que: «El desconocimiento de un régimen democrático asentado sobre ideales de control del poder no es un acto al alcance del poder de reforma, pues implica un desapego a la forma de gobierno republicana y democrática». La jueza también abordó en esencia nuestro sistema republicano y democrático, el cual, sin lugar a dudas han destrozado los morenistas sin sustento Constitucional alguno.

En defensa de la autonomía del Poder Judicial. La jueza Ruíz también señaló, en su extensa y bien fundada y motivada sentencia, que «cualquier intención de socavar la independencia judicial debía haberse manifestado abiertamente, y no bajo una retórica que buscaba legitimar un actuar que calificó como antidemocrático».

En síntesis, la sentencia de amparo ordena en su considerando Séptimo, sobre los efectos, «1. Dejar sin efecto los actos del proceso de reforma constitucional en materia de Reforma del Poder Judicial, lo que implica también dejar sin efectos los actos realizados en vía de consecuencia». En tanto que, en el Resolutivo Tercero, decretó: «La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE… -nombres de los amparistas- contra el proceso de reforma constitucional en materia de reforma al Poder Judicial, atribuido al Poder Reformador de la Constitución y otras autoridades, por los motivos y fundamentos contenidos en el considerando sexto y para los efectos precisados en el séptimo, de esta sentencia».

Dada la resistencia y desobediencia que han mostrados los legisladores federales, así como el expresidente López Obrador y la presidente Claudia Sheinbaum, además de despotricar en contra de la jueza que concedió el amparo y protección de la justicia federal a varias de las autoridades quejosas, seguramente impugnarán la sentencia; también considero, echarán andar al Fiscal General de la República, para que enderece alguna denuncia ilegal en contra de Gabriela Ruíz Márquez, por haber cumplido con su trascendente labor constitucional de proteger los derechos humanos de los promoventes del juicio.

Amarga navidad para los abusivos legisladores de la reforma judicial federal.

Enhorabuena para la justicia mexicana.