Estuvo dos años y tres meses encarcelada en Tabasco por un delito que no cometió –extorsión con un arma– y, peor aún, contra una persona que no existe.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- “Señora, puede ir a ver a sus hijos…”, con esa frase una jueza terminó el jueves 3 con la injusticia que desde el 18 de octubre de 2019 María Esther padecía cuando fue detenida por hombres sin identificar, afuera de su domicilio en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, y trasladada al Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, en Villahermosa, donde permaneció dos años y tres meses en prisión preventiva oficiosa, acusada de extorsionar con un arma a una persona que no existe.
María Esther se perdió el nacimiento de su primera nieta y en Tampico tuvo que cerrar su escuela de canotaje para niños de escasos recursos y también una empresa de fabricación de equipo de bombeo para Petróleos Mexicanos.
“Ya soy abuela, me perdí el proceso de mi hija, pasar de ser de niña a señorita; me perdí sus llantos, ansiedades… claro que duele, duele y el tiempo no se recupera”, dice en entrevista.
Teté, como le dicen de cariño, es una mujer optimista que logró enfrentar el encierro refugiándose en la espiritualidad y en el deporte. Orar y meditar le ayudaron a no deprimirse. El yoga la mantuvo a flote.
Ella comenzó a poner su tapete en medio del patio de la prisión y poco a poco se fueron uniendo más mujeres para hacer ejercicio con ella. Con algunos tapetes, pelotas, mancuernas y pesas, convirtió parte de la biblioteca en un gimnasio. Se convirtió en la maestra de yoga de la cárcel.
“Así es como Teté logra alejar un poquito el dolor”, dice en tercera persona. “El dolor sigue porque llegas a la piedra (su cama), y en la noche tus lágrimas salen, recordando que tú no debiste de estar en ese lugar jamás, y recordando que hay gente mala”, añade.
Modus operandi
El 21 de enero último fueron vinculados a proceso tres de los personajes clave en la fabricación del delito por el que estuvo presa más de dos años: el coordinador de fiscales, Desiderio “H”; un policía de investigación de la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET), Mario Armando “E”, y el abogado de la víctima inexistente, Raúl “J”.
Todos ellos están bajo proceso por cometer imputaciones falsas y simulación de pruebas en el delito fabricado de extorsión agravada, de acuerdo con la carpeta de investigación 075/2019. El caso de María Esther evidenció la corrupción dentro de la FGET.
Proceso documentó en el reportaje “María Esther ‘R’: Un secuestro autorizado por el sistema”, publicado el 10 de agosto de 2020, edición 2284, que María Esther fue acusada de extorsión agravada con base en la carpeta de investigación CPJ-VHSA-5674/2019, pese a que, desde ese entonces, ya se presumía que la supuesta víctima, Luis Fernando, no existía, pues no se encontró su acta de nacimiento en el registro civil y nunca se presentó a una audiencia.
La única identificación con la cual se “acreditó” fue una credencial de elector –cuya vigencia expiró en 2009 y que hoy se sabe es falsa– que presentó su abogado, Raúl “J”. En el registro federal de electores del Instituto Nacional Electoral no se localizaron los datos de la presunta víctima.
Los dos testigos de la presunta extorsión, supuestos trabajadores de Luis Fernando en la obra, negaron conocer a María Esther y haber declarado en su contra. Sus firmas no coincidían con las que se encontraban en el acta de entrevista realizada por el policía Mario Armando “E”, según un dictamen pericial en grafoscopía y documentoscopía. Ninguno conocía a la presunta víctima ni trabajaban para él.
“En la carpeta terminada, la de la extorsión, se demostró que la víctima no existe y que los testigos nunca estuvieron presentes, y que se hizo mal uso de sus identificaciones oficiales”, explica en entrevista Anabel Chumacero, defensora de María Esther.
“Ese fue el modus operandi. Presentan a una víctima que no existe, presentan un documento que es altamente probable que sea apócrifo, presentan a dos testigos, que físicamente no los llevan; y resulta que, cuando se busca a estos testigos refieren que no tienen conocimiento de nada y no conocían a la víctima. Que sí son sus identificaciones, pero que estas se les perdieron hace ya tiempo”, detalla la abogada.
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El abogado de CSI
Raúl “J”, abogado de la presunta víctima de extorsión, también es parte del equipo jurídico en el litigio que la contratista de Pemex, Conjunto de Servicios Industriales, SA de CV (CSI), lleva desde 2017 contra la empresa de María Esther, Bombas y Sistemas Dinámicos, SA de CV, por el presunto delito de retención indebida de dos bombas de inyección.
María Esther había recogido las dos bombas para darles mantenimiento y las habría retenido porque CSI no había liquidado los adeudos que mantenían con su empresa, de unos 33 millones de pesos. En 2017, CSI denunció penalmente a María Esther, argumentando que las bombas eran propiedad de Pemex, pero, dice Lenin Martínez, esposo de María Esther, aunque Petróleos Mexicanos pagó las bombas a CSI, esta empresa nunca entregó el dinero a ellos, los fabricantes.
El delito de retención indebida no amerita prisión preventiva oficiosa, por eso todo apunta a que Raúl “J” acusó a María Esther de extorsión agravada para mantenerla en la cárcel.
“El abogado fue el que armó e ideó toda esta situación, sinceramente desde mi perspectiva, porque era abogado también de la otra empresa, entonces él es el que maquina todo lo que se creó en la carpeta como para recuperar algo de dinero en favor de la empresa CSI. Tan es así que al final de la audiencia ese abogado se acerca y le dice a María Esther, tienes que darme tantos millones de pesos para mí, y además lo que le tengas que dar a la empresa”, dice Chumacero.
Fue en la audiencia inicial, el 19 de octubre de 2019, cuando el abogado –hoy vinculado a proceso– se acercó a María Esther y le reveló que estaba detenida por la carpeta de investigación de la presunta retención de las bombas que había contratado CSI a su empresa. Según la señora María Esther le dio tres meses para que le entregara 25 millones de pesos.
Después de 36 audiencias en más de dos años, y una carpeta de investigación bastante robusta de nueve tomos, se concluyó que la víctima no existe, y el fiscal del Ministerio Público solicitó el sobreseimiento de la causa penal por extorsión.
“Se estima que (el abogado) cometió el presunto hecho delictivo haciendo uso de su título y de su cédula, y pues sigue haciendo uso de su título y de su cedula porque no se le impuso ninguna medida cautelar que se lo prohibiera pese a que sí se solicitó”, explica la litigante.
Las abogadas Anabel Chumacero y Mayra Trejo Martínez –quienes tomaron el caso hace dos meses tras participar en el equipo de investigación del documental Duda Razonable, dirigida por Roberto Hernández– solicitaron la revisión de la medida cautelar que tenía a María Esther en prisión, pese al sobreseimiento de la causa penal.
La jueza permitió que en libertad enfrente su proceso por el presunto delito de retención indebida, luego de que se acreditó que permanecerá en el estado de Tabasco con trabajo y domicilio, pese a que tenía arraigo en Tamaulipas.
Empezar de cero
Ya en libertad, su objetivo es recuperar a sus hijos y limpiar su nombre: “Va a ser un proceso muy lento para regresar a mi Tamaulipas y limpiar mi nombre. Mi escuela de canotaje se cerró, la empresa también la tuve que cerrar. Va a llevar tiempo. Pero al final de cuentas se va a lograr”.
Teté, quien es una mujer muy religiosa, dice que nunca perdió la fe, aunque por momentos se enojó con Dios porque pasaba el tiempo y, pese a tener todas las pruebas de su inocencia, seguía en la cárcel.
Diciembre fue la época más dura. Acostumbrada a pasarla en familia, fue la primera vez que no pudo cenar con su esposo y sus hijos.
“Yo sabía que todo era inventado, pero no sabía cuánto tiempo iba a tardar en demostrarlo. Primero, pensé que iba a tardar poco, pensé que para diciembre ya iba a regresar con mis hijos, pero no fue así”, cuenta.
La lucha de María Esther también es por lograr que los responsables de su encarcelamiento enfrenten la justicia. Confía en que, con el apoyo de sus abogadas y del Poder Judicial, logrará demostrar que en la Fiscalía General del Estado de Tabasco hay servidores públicos corruptos que ayudaron a inventar el delito del que se le acusó.
“Quiero que se llegue a hacer justicia contra toda la gente que formó parte (del caso). No se pueden escapar porque fueron dos años en los que estuvieron reconociéndole garantías a una víctima que no existe”, denuncia.
“Ahorita voy con los Avengers, con las personas con la capacidad técnica suficiente para poder demostrar la verdad. No es por venganza, pero esto se tiene que evitar porque cualquiera que tenga acceso al sistema, que trabaje dentro de la fiscalía, te puede crear una carpeta de investigación, y es tan cierto que lo viví yo”, advierte.
