Condenan a seis años de prisión a Cristina Fernández, vicepresidenta de Argentina
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue condenada a seis años de prisión.
Este martes se leyó la sentencia por el llamado caso Vialidad, en el que hay denuncias de corrupción en contratos de obras públicas.
Cristina Fernández fue condenada a 6 años de prisión en por corrupción.
Las irregularidades se registraron en la concesión de obras viales durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015).
El Tribunal Oral Federal 2 también condenó a la expresidenta a la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Sin embargo, Cristina Fernández no irá a prisión debido a que aún cuenta con fuero político por su cargo en la vicepresidencia.
JUEZ PROCESA A CRISTINA FERNANDEZ KIRCHNER COMO “JEFA” DE UNA BANDA QUE RECIBIÓ SOBORNOS Y SAQUEÓ ARGENTINA
El juez federal Claudio Bonadio dictó, el 17 de septiembre de 2018, con prisión preventiva, a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, del 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015, acusada de haber recibido millonarios sobornos de empresarios de la obra pública durante los Gobiernos kirchneristas (2003-2015). Sin embargo no pude ser detenida por ser senadora y tener fuero.
El magistrado federal dictó el procesamiento por “asociación ilícita” contra la ex mandataria -cuya detención dependería de que dos tercios de los senadores aprobaron su desafuero- y diversos miembros de su Gobierno, así como contra varios de los empresarios sospechosos de haber pagado sobornos para favorecerse con contratos. Asimismo le impuso un embargo de 4 mil millones de pesos (alrededor de 100 millones de dólares).
Junto con la ex mandataria, el juez Claudio Bonadio procesó a otros 41 imputados entre ex funcionarios y empresarios, a quienes se señala de haber integrado un organización delictiva entre 2003 y 2015, que se dedicó a poner en marcha un sistema de recaudación de fondos ilegales.
La investigación llamada “los cuadernos K”, se inició luego de que la justicia argentina accedió a copias de cuadernos con anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas por un chófer del Ministerio de Planificación Federal, quien aparentemente fue testigo privilegiado de la recolección del dinero ilegal.
La decisión de Bonadio tuvo lugar horas después de que Cristina Kirchner lo acusara, en un video publicado en la plataforma YouTube, de “romper todo” en su casa de El Calafate, durante los últimos allanamientos. El juez había informado que el expediente acumulaba “32 cuerpos de actuaciones y voluminosa documentación”, al tiempo que se realizaron “70 allanamientos” y se incautaron unos 6 millones de pesos argentinos y poco más de un millón de dólares.
Desde principios de agosto de 2018, varios empresarios y exfuncionarios se habían declarado como imputados “arrepentidos” -figura legal que otorga beneficios penales para los que colaboren con la Justicia- y han reconocido la existencia de los sobornos y la supuesta implicación de Fernández de Kirchner y su fallecido esposo, el también expresidente Néstor Kirchner, presidente entre el 25 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2007.
Con éste, Fernández de Kirchner sumaba ya seis procesamientos en distintas causas judiciales, y sin embargo, continuaba siendo la dirigente opositora más popular y mejor perfilada para las elecciones generales de 2019, según coincidieron diversas encuestas.
Bonadio ordenó, además, el procesamiento del ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y otros exfuncionarios de dicho Ministerio, así como de varios empresarios del rubro energético y de la construcción, entre ellos Ángelo Calcaterra, primo del entonces presidente Mauricio Macri. También se encontraba el ex juez federal Norberto Oyarbide, a quien se le cuestionaba el cierre de varias causas contra los Kirchner por enriquecimiento ilícito sin una debida investigación previa.
El juez federal ordenó, también, el procesamiento de dos altos ejecutivos del Grupo Techint, un conglomerado de empresas del rubro energético y metalúrgico, entre otros, que opera en distintos países; y del Grupo Roggio, ligado a negocios de infraestructura y servicios.
El listado incluye además a algunos de los empresarios más poderosos del país, como Aldo Roggio, Gerardo Ferreyra, Luis Betnaza, Carlos Wagner y Enrique Pescarmona. Bonadio procesó también al exsecretario de Obras Públicas, José López, preso desde que fue atrapado ocultando 9 millones de dólares en un convento, así como al extitular del órgano de control de concesiones viales, Claudio Uberti.
En total son 42 los procesados, entre exfuncionarios y empresarios, sobre los cuales se trabó un embargo a cada uno también por 100 millones de dólares. De estos, sólo 12 fueron eximidos del pedido de prisión preventiva.
En su resolución, Bonadio sostuvo que entre 2003 y 2015 operó en Argentina “una colusión de funcionarios y empresarios que hizo funcionar una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad, que dejaba al pueblo más humilde sin cloacas, sin agua corriente, sin servicios, sin transporte seguro… y todo esto se hizo para distribuir coimas [sobornos] a funcionarios corruptos”.
Por este esquema de recaudación ilegal, los empresarios que pretendían ganar una obra pública “entregaban un porcentaje de lo que el Estado Nacional les pagaba a los funcionarios” que Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner “designaban para esos menesteres a fin de recibir estos ‘retornos’ o ‘coimas’”, afirmó el juez.
Debido a que un porcentaje del costo de cada obra pública en cuestión era destinado a sobornos, los costos fijados por el Estado para estas contrataciones “estaban ‘inflados’ en perjuicio del conjunto de los argentinos”, según el juez Bonadio, quien concluyó que el dinero espurio “era utilizado para sufragar de manera ilegal actividades de naturaleza electoral, o vinculadas a la gestión política del gobierno y de organizaciones satélites; comprar voluntades del Poder Judicial o de funcionarios que supieron trajinar algún organismo vinculado a tareas de inteligencia política”.
El magistrado añadió que, “todo esto se hizo para distribuir coimas a funcionarios corruptos” que actuaron “por avaricia y codicia”, así como a un “selecto grupo de empresarios”, quienes “se llenaron los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones, sosteniendo a posterior un discurso acomodaticio y cobarde”.
Bonadio enfatizó que la mayor parte de los sobornos fueron para “engrosar de manera espuria e ilegal, el patrimonio personal de quienes entre los años 2003 y 2015 ocuparon los más altos cargos de la República”, es decir, los Kirchner.
La ex presidenta tenía otras causas penales abiertas: una por supuesta defraudación al Estado con la compra de dólares en el mercado a futuro, otra por lavado de dinero y una tercera por el supuesto encubrimiento de los responsables del ataque terrorista contra una mutual judía de Buenos Aires en 1994. Además de enfrentar cargos por lavado de dinero y administración fraudulenta, en otras investigaciones por corrupción.
Sin embargo, Fernández de Kirchner negaba los cargos y denunció una serie de irregularidades en el proceso encabezado por Bonadio, a quien calificó de “juez enemigo” que actuaba en sintonía con el entonces Gobierno del conservador Macri, para perseguir a opositores y ocultar la crisis económica. Cristina Cristina Cristina Cristina Cristina
Por agencias Foto: Reuters
