LA Times: EE.UU. investiga a los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal; ya les fue retirada la visa
El Gobierno de Estados Unidos ha retirado las visas a los gobernadores morenistas de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal.
El diario Los Angeles Times aseveró que los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, son investigados por el gobierno de los Estados Unidos.
En una nota publicada este miércoles 3 de junio de 2026, el medio estadounidense destacó que ambos mandatarios estatales fueron despojados de sus visas estadounidenses a raíz de estas investigaciones de carácter penal.
“La medida contra los funcionarios gubernamentales en ejercicio amenaza con socavar al partido gobernante de México (Morena), que llegó al poder con la promesa de combatir la corrupción, y tensar aún más la ya de por sí tensa relación entre los dos países”, se lee en la publicación.
A Durazo Montaño, quien se desempeñó como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante la Administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), está siendo investigado por supuestos vínculos con el crimen organizado, mientras que a Villarreal Anaya se le señala como por contrabando de combustible, también conocido en México como huachicol.
El medio estadounidense explicó que ambos se encuentran bajo un programa conocido como libertad condicional por beneficio público significativo, el cual está reservado para personas que cooperan con las autoridades de EE.UU.
“En realidad, está diseñado para ser una herramienta para obtener información y pruebas”, declaró Vanda Brown, de la Brookings Institution, refiriéndose a dicho programa.
En abril pasado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó al hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios de la entidad de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, en particular con la facción Los Chapitos.
Los diez funcionarios sinaloenses fueron señalados por introducir de contrabando fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina en Estados Unidos a cambio de millones de dólares en sobornos y favores electorales.
Los Angeles Times publicada este miércoles, donde se apoya en diversas fuentes conocedoras de los casos. Esa misma información recoge que ambos políticos habrían entrado al país al amparo de una “autorización especial que suele reservarse para los testigos que cooperan con la justicia”. Durazo y Villarreal están siendo investigados por presuntos vínculos con el crimen organizado, según el mismo diario. Los funcionarios, ambos en activo, no se han pronunciado al respecto.
Estas investigaciones suponen un nuevo revés al Gobierno de Sheinbaum, sumido en los señalamientos desde finales de abril, cuando la justicia estadounidense acusó a otros 10 funcionarios sinaloenses por vínculos con el crimen organizado. Entre ellos se encuentra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya.
Las acusaciones por un fiscal de Nueva York contra los otros 10 funcionarios morenistas despertaron un profundo rechazo por parte del Ejecutivo mexicano, que ha mantenido que los señalamientos no están apoyados en pruebas contundentes. Durante los días siguientes a la difusión de los casos, Rocha Moya pidió separarse del cargo para ser investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), y más tarde, dos de los acusados se entregaron a las autoridades estadounidenses.
El ya conocido como caso Rocha, sumado al escándalo por la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en un operativo en Chihuahua o la debilidad económica, han dañado la popularidad de la presidenta.
Sheinbaum atraviesa ahora, a un año y medio del inicio de su mandato, su momento más delicado al frente del Ejecutivo. Aunque pese a esa situación, mantiene índices todavía altos, con un 68% de aceptación, según una encuesta de Enkoll, realizada para EL PAÍS y W Radio.
México y Estados Unidos viven en un constante rifirafe desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, a comienzos del año pasado. El republicano ha reiterado en varios de sus discursos que su vecino del sur está controlado por los carteles, una postura que ha chocado con los rechazos constantes del Ejecutivo de Sheinbaum, que ha presentado cifras de reducción de homicidios y mediáticas detenciones para calmar las aguas.
Esa lucha contra el crimen organizado —prioridad para el republicano— ha llevado a que el Gobierno de Trump busque nuevas herramientas de presión, entre ellas el retiro de visas. Para diciembre del año pasado, al menos 50 funcionarios mexicanos de todo el espectro político perdieron sus documentos. Entre esos nombres se encuentran figuras como la gobernadora morenista de Baja California, María del Pilar Ávila, o el exgobernador priista de Guerrero Héctor Astudillo (2015-2021).
Otros funcionarios señalados por las autoridades estadounidenses fueron el senador morenista Enrique Inzunza, el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, además del exsecretario de Seguridad Pública de la entidad, Gerardo Mérida Sánchez, quien ya se entregó a las autoridades de los EE.UU. y que incluso ya fue presentado ante un tribunal de nueva York.
El País México, diario Los Angeles Times, La Jornada y López Dóriga. Foto archivos de agencias
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